

En una semana clave para el paquete de reformas económicas del Poder Ejecutivo Nacional, el Senado de la Nación retoma este martes 11 de agosto de 2026 el debate en comisión sobre la reforma integral de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550). La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, busca modernizar el régimen societario argentino incorporando por primera vez figuras como las sociedades automatizadas por inteligencia artificial, las organizaciones autónomas descentralizadas (DAOs) y la tokenización de activos en la economía digital.
En paralelo, la bancada oficialista busca acelerar el tratamiento del denominado «Super RIGI» —orientado a inversiones superiores a los mil millones de dólares en sectores de vanguardia e inteligencia artificial— y la sanción definitiva de la llamada «Ley Hojarasca», consolidando una ofensiva legislativa para desregular la actividad corporativa y atraer capitales internacionales.
El proyecto propone cambiar la naturaleza de la Ley General de Sociedades para darle un carácter supletorio, donde prevalezca la autonomía de la voluntad de los socios sobre la tutela estatal. Entre sus puntos clave destacan la creación de sociedades automatizadas operadas por algoritmos sin necesidad de empleados, el reconocimiento legal de las DAOs con registros en blockchain, el objeto social plural sin exigencia de conexidad y la facultad de resolver conflictos mediante arbitraje internacional o derecho extranjero.
El tratamiento en la Comisión de Legislación General del Senado, presidida por la senadora libertaria por Neuquén, Nadia Márquez, cuenta con la participación de funcionarios, juristas y especialistas en derecho comercial para analizar el impacto operativo del proyecto.
Tras la presentación inicial realizada semanas atrás por el propio ministro Sturzenegger —quien citó el modelo corporativo de Irlanda y su capacidad de atracción de regalías de firmas globales como Apple—, la nómina de expositores de la jornada reúne voces institucionales y académicas de relevancia:
Matías Alvarez, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Gabriela Boquin, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Débora Cohen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Sebastián Balbín, Ricardo Nissen, Marcelo Gebhardt y Gabriela Calcaterra, juristas y especialistas en derecho comercial y corporativo.
El foco de la deliberación técnica está puesto en cómo equilibrar la reducción de trabas burocráticas y la autonomía contractual frente a las exigencias de prevención de lavado de dinero y la supervisión del Registro Público.
"Buscamos imitar esquemas internacionales de alta eficiencia para que las empresas que inviertan e incorporen sus estructuras en Argentina tributen impuestos corporativos locales, eliminando la tutela restrictiva del Estado sobre la organización privada."
El proyecto de reforma altera significativamente la relación entre las Inspecciones de Justicia y las empresas, restringiendo la facultad de los organismos de registro para dictar resoluciones que limiten lo que la ley no prohíbe.
| Eje de Reforma | Marco Actual (Ley 19.550) | Propuesta de Reforma (2026) |
| Naturaleza Normativa | Imperativa / Control preventivo estatal amplio. | Supletoria / Prevalece el estatuto social y la autonomía de la voluntad. |
| Estructura Operativa | Presencialidad / Empleados humanos requeridos. | Sociedades Automatizadas (IA) y DAOs descentralizadas sin nómina obligatoria. |
| Aportes de Capital | Bienes físicos, sumas de dinero o créditos tradicionales. | Activos digitales, obligaciones de dar o hacer, intangibles y prestaciones valorables. |
| Resolución de Conflictos | Justicia ordinaria comercial local. | Cláusulas arbitrales internas y sumisión a derecho mercantil internacional. |
| Objeto Social | Preciso, determinado y conexo. | Objeto múltiple, amplio y plural sin requerimiento de conexidad. |
El texto legislativo habilita la constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica, la implementación de un legajo digital público, libros societarios en formato digital y la realización de asambleas a distancia de forma permanente.
Asimismo, valida la representación de participaciones sociales mediante tokens y la utilización de registros distribuidos (blockchain) para la gobernanza corporativa.
El debate de la reforma societaria se complementa con la agenda del "Super RIGI", cuya defensa por parte de funcionarios del PEN (incluyendo al secretario de Energía y Minería, Daniel González) está agendada para este miércoles.
Al haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados, esta iniciativa busca ofrecer incentivos tributarios y cambiarios de largo plazo para proyectos tecnológicos, energéticos y de centros de cómputo para IA que superen los USD 1.000 millones.
De lograr la sanción legislativa de ambos proyectos, Argentina establecería un marco dual: por un lado, un régimen de atracción para grandes capitales de infraestructura tecnológica y, por el otro, una estructura societaria moderna capaz de alojar operaciones comerciales automatizadas e interconectadas a la economía global de agentes.